Desde el año 2014, las administraciones de los EE.UU. mantienen una política dirigida a afectar los intereses políticos, económicos, financieros y comerciales de Venezuela. Para este propósito impusieron un conjunto de Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), presentadas ante la opinión pública nacional e internacional como “sanciones”. Dichas medidas coercitivas son justificadas por las élites que gobiernan ese país, por la supuesta violación de los derechos humanos y la ruptura, por parte del gobierno venezolano, de las “reglas de la democracia”. Sin embargo, esta política unilateral de los EE.UU., es violatoria de todo el ordenamiento jurídico internacional y se inscribe en una ofensiva dirigida a deponer al gobierno democráticamente electo y en ejercicio del presidente Nicolás Maduro Moros. Esta agresión viene afectando la cotidianidad de la sociedad venezolana, arrastrando al borde de una crisis humanitaria a todo un pueblo; distorsionando el funcionamiento de las instituciones, con el único propósito de propiciar un cambio de régimen que favorezca el control geopolítico sobre la nación petrolera. A partir de la lectura crítica de este contexto, el ensayo aborda los impactos directos e indirectos de las MCU en las políticas sociales de Venezuela. El análisis enfatiza en aspectos de la política educativa y laboral del país, revisando aquellas dirigidas a la juventud venezolana y su relación con las salidas laborales. Finalmente, se analizan críticamente los impactos regresivos de las MCU sobre aspectos de las políticas sociales descritos, configurando la complejidad del futuro de la juventud venezolana en un escenario condicionado por este tipo de agresión.
Desde 2014, as administrações norte-americanas mantêm uma política que visa afetar os interesses políticos, econômicos, financeiros e comerciais da Venezuela. Para tanto, impuseram um conjunto de medidas coercitivas unilaterais (MCU), apresentadas à opinião pública nacional e internacional como “sanções”. Essas medidas coercitivas são justificadas pelas elites que governam aquele país, em razão da suposta violação dos Direitos Humanos e da ruptura, por parte do governo venezuelano, das “regras da democracia”. No entanto, essa política unilateral dos Estados Unidos viola todo o ordenamento jurídico internacional e faz parte de uma ofensiva que visa depor o governo democraticamente eleito e em exercício do Presidente Nicolás Maduro Moros. Essa agressão vem afetando o cotidiano da sociedade venezuelana, arrastando todo um povo à beira de uma crise humanitária; distorcendo o funcionamento das instituições, com o único propósito de promover uma mudança de regime que favoreça o controle geopolítico sobre a nação petrolífera. A partir da leitura crítica desse contexto, o ensaio aborda os impactos diretos e indiretos do MCU nas políticas sociais da Venezuela. A análise enfatiza aspectos da política educacional e Trabalhista do país, revisando aqueles voltados para a juventude venezuelana e sua relação com as oportunidades de trabalho. Por fim, são analisados criticamente os impactos regressivos do MCU sobre aspectos das políticas sociais descritas, configurando a complexidade do futuro da Juventude venezuelana em um cenário condicionado por esse tipo de agressão.
Since 2014, the US administrations have maintained a policy aimed at affecting the political, economic, financial and commercial interests of Venezuela. For this purpose, they imposed a set of Unilateral Coercive Measures (MCU), presented to national and international public opinion as “sanctions”. These coercive measures are justified by the elites that govern that country, due to the alleged violation of human rights and the rupture, by the Venezuelan government, of the “rules of democracy”. However, this unilateral policy of the United States is in violation of the entire international legal order and is part of an offensive aimed at deposing the democratically elected and incumbent government of President Nicolás Maduro Moros. This aggression has been affecting the daily life of Venezuelan society, dragging an entire people to the brink of a humanitarian crisis; distorting the functioning of institutions, with the sole purpose of promoting a regime change that favors geopolitical control over the oil nation. Based on the critical reading of this context, the essay addresses the direct and indirect impacts of the MCU on the social policies of Venezuela. The analysis emphasizes aspects of the country’s educational and labor policy, reviewing those aimed at Venezuelan youth and their relationship with job opportunities. Finally, the regressive impacts of the MCU on aspects of the social policies described are critically analyzed, configuring the complexity of the future of Venezuelan youth in a scenario conditioned by this type of aggression.
Este aporte comienza con una denuncia: Venezuela es víctima de la aplicación de Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) por parte de los estamentos corporativos que gobiernan a los Estados Unidos (EE.UU.) desde la administración del Premio Nobel de la Paz, Barack Hussein Obama, pasando por el gobierno de Donald Trump, hasta la actualidad, con la presidencia de Joseph Biden. Esta política unilateral y coercitiva ha sido acompañada por nodos satelitales del poder que, como la Unión Europea, el Grupo de Lima (en desintegración) y la generalidad de los países integrantes de la Organización Estados Americanos (OEA), ceden su política exterior y/o son funcionales a los intereses hegemónicos de la nación imperial norteamericana.
Esta realidad que se extiende ya por casi una década revela que, la OEA sumada por acción y omisión, a esta política unilateral de los EE.UU. contra Venezuela, establece en sus disposiciones doctrinarias la prohibición de este tipo de medidas. En este sentido, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (A-41), en el capítulo IV, artículos 19 y 20, prohíbe taxativamente este tipo de acciones contra naciones soberanas.
La Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos (2020, art. 4, Numeral 1) define este tipo de instrumento de coerción, como:
...el uso de medidas económicas, comerciales u otras medidas adoptadas por un Estado, grupo de Estados u organizaciones internacionales que actúan de manera unilateral para obligar a un cambio de política de otro Estado o para presionar a individuos, grupos o entidades de los Estados seleccionados para que influyan en un curso de acción, sin la autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
El esquema que representa en la práctica las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), encarna dos paradojas fundamentales. Por una parte, sus promotores fundamentan tal política por la supuesta violación de los derechos humanos, de los valores democráticos y de la libertad, por el gobierno sancionado. Los hechos, como contracara de este tipo de agresión, han demostrado que la situación que se pretende modificar, termina transformándose en una experiencia devastadora para la condición humana, que afecta a los sectores sociales más vulnerables, profundizando las exclusiones y conduciendo a las mayorías sociales a decisiones extremas, tales como la precariedad social y laboral, e incidiendo de manera determinante en la agudización generalizada de la pobreza, la mendicidad y las migraciones forzosas. Es pocas palabras: la aplicación de las MCU constituye una violación flagrante de todo el ordenamiento jurídico internacional sobre los derechos humanos.
La segunda paradoja, es que el relato dominante justifica las sanciones por la grave crisis económica e institucional que atraviesa el país objetivo de la coerción. Según el relato hegemónico, éstas se imponen debido a la “mala gestión” del gobierno y de la “baja calidad” democrática que existe en las instituciones y que repercuten en las condiciones de vida de los ciudadanos; pero, al visualizarse los impactos esperados, pero no reconocidos al menos publicamente por los agresores y sus adláteres, las graves situaciones que emergen como problemas institucionales, económicos, políticos y sociales, vienen precisamente derivados del impacto regresivo de las MCU.
Estos efectos han servido para que el mundo académico – intelectual y algún desprevenido divulgador, favorable a la parcialidad que implementa este tipo de agresión, contribuyan en el desarrollo de los marcos cognitivos que abonen en un sentido común favorable a tales políticas. Que, a partir de aristas argumentativas con pretensiones de cientificidad, también justifican tal agresión (castigo), y retroalimentan la grave crisis venezolana al erigirla como referente “ejemplificante” con amplias repercusiones sociales, culturales y, por supuesto, académicas, para aquellos que duden o propongan vías alternativas de solución a la crisis política del país.
El análisis descontextualizado de los impactos de las MCU, es utilizado para producir
y reproducir “aportes intelectuales” que, al circular socialmente, generan y
tributan en el
Las denominadas “sanciones”, es decir, las MCU son violatorias de los más elementales derechos de los ciudadanos y, como se afirmaba previamente, tiene impactos demoledores en las políticas públicas esenciales, tanto económicas como sociales, que son pilares para el funcionamiento mínimo de cualquier sociedad y, sobre todo, aquellas que impactan en la preservación de derechos fundamentales como los de la salud, educación, alimentación, trabajo y vivienda.
Por ello los mecanismos sancionatorios, bien sea aplicadas por organismos
multilaterales (Ejemplo: ONU) o impulsadas de manera unilateral (Como las que
implementa los EE.UU. o la Unión Europea – UE), constituyen instrumentos políticos
sobre los cuales se ha generado un extenso debate sobre su idoneidad y,
fundamentalmente, respecto a si cumplen con los propósitos para los cuales han sido
instrumentalizadas; es decir, su efectividad. La mayoría de estos estudios muestran
evidencias sobre los efectos adversos de este tipo de medidas y las consecuencias
regresivas en las sociedades objeto de la agresión. (
Algunas referencias históricas sobre la aplicación de medidas sancionatorias se remontan a la década de los años 60 del siglo pasado, concretamente al año 1968, cuando el Consej o de Seguridad de las Naciones Unidas impone un conjunto de sanciones a Rhodesia del Sur (Actual Zimbabue), entonces sumida al régimen racista del apartheid. Desde entonces, este Consejo ha impuesto aproximadamente 30 sanciones a países de distintas regiones del mundo. Cabe señalar que, para llegar a este punto, se requiere, según la normativa interna, una decisión unánime de los miembros permanentes de este organismo multilateral.
La ONU fundamenta el sistema sancionatorio multilateral, al razonar que éste es para:
“
Sin embargo, al menos, desde el siglo pasado, las MCU constituye un instrumento
fundamental de poder extraterritorial de la política exterior tanto de los EE.UU.,
así como de la UE. Es decir, un instrumento adicional de las hegemonías del
capitalismo central para mantener el control geopolítico global. En cuanto a los
EE.UU., el referente histórico de este proceso injerencista se ubica en 1917, cuando
a través de la “
En una actualizada versión de este tipo de agresiones, el fundamento de las mismas reitera como excusa la violación de los derechos humanos, la defensa de la libertad y de la democracia, como ya se hizo referencia; y agrega una curiosa expresión referida a “las preocupaciones” de la Casa Blanca, respecto a la situación interna de un determinado país en esas materias, como punto de partida para aplicar estas medidas. En la práctica este mecanismo está destinado a aquellos países más débiles (o que ese poder concentrado considera débil), respecto al poder acumulado por la metrópolis capitalista y que posee algún recurso estratégico y/o su posición geográfica favorece una posición de dominio imperial. En otros casos, a los que este poder corporativo considera adversarios en el terreno económico, comercial y/o militar, como son los casos de China y Rusia.
La Oficina del Tesoro de los EE.UU. (Departamento del Tesoro), junto con otros
organismos del Estado, son los responsables de diseñar e implementar las MCU contra
los países objetivos. De acuerdo con el sitio web de este departamento (
En otro apartado del texto, sostiene que:
El Departamento del Tesoro también desempeña un papel crucial y trascendental en la mejora de la seguridad nacional mediante la aplicación de sanciones económicas contra las amenazas externas a los EE.UU., en la identificación y concentración en las redes de ayuda financiera de las amenazas a la seguridad nacional y en la mejora de las salvaguardias de nuestros sistemas financieros.
Lo anterior, no sólo ratifica las afirmaciones realizadas en torno a que este tipo de
medidas no están dirigidas a mejorar y/o buscar soluciones efectivas para la
situación de los países objetivos; sino que tienen una orientación política dirigida
a favorecer los intereses geopolíticos, económico – financieros, incluídos en lo
define los EE.UU., como su política de “
En la actualidad la administración política de los EE.UU., tiene sometido a este mecanismo coercitivo a treinta (30) naciones soberanas, entre la que se incluye a Venezuela.
Por su parte, la Unión Europea (UE) tiene definido un marco sancionatorio que
pretende sin lograrlo, diferenciarse de la política de los EE.UU.; en 2008, la
entonces diputada al Parlamento Europeo Hélène Flautre, presentó ante la Comisión de
Asuntos Exteriores el “
En este documento se destaca que:
... La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.
Al calco de la política injerencista de los EE.UU., la UE traza un recorrido alineado
a este tipo de estrategias, lo cual desdice el relato en torno a la idealización de
estos centros de poder como referentes de la “civilización occidental”, la defensa
de la democracia, las libertades y de los derechos humanos. La UE tiene bajo este
tipo de medidas coercitivas unilaterales a un total de treinta y cuatro (34)
naciones soberanas. (
El decurso histórico ha demostrado que las políticas generadas desde estas posiciones hegemónicas, tienen un perfil corporativo profundamente antidemocráticas y que las repercusiones, como elemento sustantivo de las guerras no convencionales, abonan más en los objetivos colonialistas o neocoloniales de estas potencias y expresan paradójicamente una clara manifestación de las prácticas autoritarias que dicen combatir.
Se trata de un anacrónico mecanismo de poder desplegado a escala global que, en América, encarna las aspiraciones del positivismo secular que propone la dicotomía civilización – barbarie, en la que se supone que la hegemonía cultural anglo euro centrista encarnada hoy por los EE.UU. y la UE, representa la “civilización” y el resto del mundo, sobre todo aquella parte que no se pliega al dogma neoliberal y la estrategia geopolítica imperial, constituye la “barbarie”. Por ello, las MCU son los mecanismos “civilizados” que emplea el capitalismo corporativo y sus agentes político – militares para doblegar la voluntad democrática de ser de un pueblo, negando las pluralidades que ofrecen las virtudes democráticas. Pretenden reducir estas potencialidades de la democracia al dogma de la “democracia liberal”, que escamotea a la esencia de la democracia, expresa la voluntad de las élites en detrimento de las mayorías sociales y culturales.
También, en el fondo de este planteamiento coercitivo pervive un comportamiento intervencionista con rasgos mesiánicos – paternalistas, que considera que los conflictos internos de los países no pueden ser resueltos por los actores políticos, sociales y económicos de estas naciones; y niegan que, en vez de acciones violentas coercitivas, son las iniciativas políticas de cooperación, la diplomacia y mediación pacíficas, las que permiten resoluciones reales a tales disyuntivas.
Sin embargo, son los mecanismos de coerción los instrumentos favoritos,
frecuentemente empleados para obligar a naciones soberanas a aceptar agendas
extrañas y lesivas a sus propios intereses estratégicos. En este sentido, las
“sanciones” se han convertido en una extensión de la política exterior de los países
(y/o conglomerado de países, ejemplo: la UE), que las emplean como instrumento de
coerción para lograr objetivos, fundamentalmente, geopolíticos. Así lo reconoce el
semanario inglés
De acuerdo con
La aplicación de Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), en vez de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que residen en el país objetivo, empeora gravemente las condiciones de vida, generando distorsiones profundas en todos los ámbitos de la sociedad; promueve y agudiza las crisis humanitarias al obstaculizar la acción de gobierno y, consecuentemente, la eficacia y eficiencia de las políticas públicas para atender ingentes problemas sociales.
Cabe señalar que, generalmente, y pese al daño que ocasionan a la economía, al comercio y a las actividades financieras del país objetivo, los propósitos políticos para lo cual se emplean no terminan de lograrse, el caso venezolano es ejemplo de ello; sin embargo, los impactos sobre la sociedad y de manera especial, sobre los sectores más vulnerables, son devastadores, muchos de ellos irreversibles y supone un largo camino de futuro para superar tales adversidades.
Venezuela es objeto de 927 Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas por las
administraciones de los EE.UU. y el seguidismo de la UE, desde diciembre de
2014. Las consecuencias de su aplicación han dejado una grave crisis sistémica
en la sociedad venezolana, al afectar todos los sectores estratégicos del país,
con un definitivo impacto en todo el entramado de las políticas públicas del
país.
...redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país como producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. Las sanciones agudizaron la crisis económica de Venezuela e hicieron casi imposible estabilizar la economía, lo que contribuyó aún más a un mayor número de muertes. Todos estos impactos perjudicaron de manera desproporcionada a los venezolanos más pobres y más vulnerables. (p. 1)
En concordancia con lo anterior,
La Oficina de Políticas y Perspectiva Mundial (OGIP, por sus siglas en inglés),
constituye un grupo de investigación dentro del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), este organismo elaboró un
informe sobre “
La ofensiva sancionatoria de los EE.UU. contra Venezuela se evidencia a partir de
diciembre de 2014, cuando el Congreso de los EE.UU., aprueba la Ley 113 – 278
“
... al Banco Central de Venezuela, máxima autoridad en materia de política monetaria del Estado y a Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), principal empresa del Estado que tiene el monopolio de la explotación de todos los hidrocarburos de la Nación y genera más del 90% de los ingresos en moneda extranjera del país. Esta ley contempla la posibilidad de aplicar medidas unilaterales de bloqueo y congelamiento a activos, fondos, bienes y propiedades venezolanas; la suspensión de ingreso, revocación de la visa u otra documentación a funcionarias y funcionarios que ejerzan cargos públicos, oficiales militares y representantes diplomáticos. Se trata de medidas dirigidas crear las condiciones de un embargo económico, financiero y comercial sobre Venezuela, así como para dificultar la participación de las y los representantes del Estado en las relaciones internacionales.
Primero es la autoridad parlamentaria, legislativa, la que activa el mecanismo
sancionatorio creando las condiciones para el embargo generalizado en contra de
Venezuela; siguiendo esta línea de actuación, en marzo de 2015, el entonces
presidente Barack H. Obama, firma la Orden Ejecutiva Nro. 13692, cuyo contenido
declara a Venezuela como
Esta ofensiva contra el Estado y la sociedad venezolana, ha sido sostenida y
sistemática en el tiempo, sus efectos en la actualidad son catastróficos. Según
el portal
Algunos datos generales y sectoriales, muestran que los impactos más destacables,
se expresa en la contracción en un 75 % de la economía nacional entre los años
2014 y 2020; este asunto viene asociado directamente con el ingreso de divisas
al país que condiciona el comercio externo (importaciones de insumos y bienes
fundamentales para la vida, salud, alimentación, entre otros), que impulsa un
proceso de hiperinflación inducida que marcha a la par con la manipulación de la
relación cambiaria dólar – bolívar, la cual distorsiona y agudiza negativamente
todo el entramado socio – económico del país (
Este marco económico adverso propició la profundización de pobreza relativa (94,5 %) y la extrema (76,6 %); en el deterioro y desmantelamiento del sistema público de salud, dejando a más de la mitad de los venezolanos a expensas de costearse este tipo de gastos; a ello se suman las restricciones al acceso al mercado internacional de alimentos, el deterioro sistémico de servicios públicos esenciales (agua, electricidad, conectividad telefónica, entre otros), lo cual repercutió en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población, condenando a una parte significativa de ésta a la migración forzosa por razones económicas. (UNICEF, 2022)
Como síntesis, cabe reiterar de la mano de la UNICEF que: “
En este sentido, todas las acciones del Estado venezolano y del gobierno actual, en particular, viene condicionada desde hace aproximadamente una década por las MCU. En consecuencia, la agenda en el desarrollo y despliegue de las políticas públicas, en general, y de manera específica la social y aquella dirigida a la población joven, se despliegan en un contexto caracterizado por las adversidades y una profunda carencia de recursos materiales y financieros.
Pasqualina Curcio (2019) describe este fenómeno cuando expone las implicaciones de la agresión unilateral de los EE.UU. y de la UE, en contra de Venezuela, al señalar que:
“...
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Se trata de un conjunto de medidas coercitivas dirigidas a condicionar y disciplinar la voluntad política mayoritaria de un país; retrogradar los avances alcanzados en varios ámbitos, fundamentalmente en la política social; bloqueando los recursos de la nación, dirigidos a financiar las políticas públicas en general, y las sectoriales orientadas a fortalecer e impulsar conquistas y derechos sociales, laborales y culturales de la juventud venezolana.
El impacto de las MCU en la sociedad venezolana ha sido devastador. Muestra de
ello lo sintetiza el Centro Internacional de Inversión Productiva (
...la afectación por sectores de las sanciones unilaterales y otras medidas. Del total de 927 medidas sancionatorias o extorsivas, el impacto se concentra en las actividades de Estado y gobierno (477 medidas) que equivalen a 51 % del total. La industria petrolera, la principal fuente de divisas de Venezuela, se lleva 103 medidas equivalentes a 11 %. Otros sectores afectados son: transporte (79 medidas, mayormente concentradas en Conviasa) y las finanzas públicas (57 medidas). Estos cuatro sectores del Estado concentran 77 % de las sanciones y otras medidas. Destacan las 163 medidas contra empresas privadas, que representan 17 % del total de sanciones. Y no te olvides que también aparecen los sectores de salud y alimentación, con sanciones específicas. Es la asfixia al Estado, para devastar la economía del país. (CIIP, 2023, p. 15)
Son muchos los impactos materiales negativos y cuantificables, que se pueden registrar producto de la imposición de las MCU a la sociedad venezolana. Sin embargo, más complejo es hacer visible los daños humanos, aquellos no cuantificables o al menos más difíciles de mesurar, generados por este tipo de agresión. Se podrían inferir a partir de la impronta personal y social que dejan en amplios sectores sociales empobrecidos, convertidos en parias. Revelar tales daños humanos requerirá de tiempo y de un trabajo acucioso, de hurgar a profundidad en una sociedad herida por la ambición del capitalismo corporativo. Un asunto que deja tras de sí esta experiencia, es que revertir el daño ocasionado tardará décadas en el proceso de reconstrucción de la prosperidad colectiva, el desarrollo social con inclusión deseado.
Tales son los impactos en todo el tejido social venezolano que resulta difícil destacar algún segmento de la sociedad sobre otro, que no haya sido afectado negativamente. Los efectos adversos tienen un impacto transversal, donde los sectores más afectados son aquellos en el límite o que estaban en situación de vulnerabilidad.
Para Venezuela se trata de una experiencia inédita, al menos en las últimas cinco décadas de vida institucional, democrática y republicana. En la práctica, más allá de la trágica experiencia cubana, sometida a los rigores de un bloqueo unilateral por parte de los EE.UU. desde 1960, para Venezuela las acciones de las administraciones del país norteamericano y sus satélites, representan un obstáculo para sus políticas de desarrollo económico – social y de paz social, construída durante los años previos a la imposición de las MCU.
El impacto regresivo generalizado sobre las políticas públicas muestra los efectos sobre la gobernabilidad traducida como capacidad y acción de gobierno, para generar condiciones favorables para la inclusión, la convivencia pacífica y el desarrollo económico.
Cabe recordar que el origen de las políticas públicas está asociado a las complejidades sociales que emergen a partir de la configuración del Estado moderno y su evolución hacia el Estado social. La resultante de este proceso se tradujo en la creación de diversos instrumentos institucionales dirigidos a atender las cada vez crecientes demandas sociales, que surgieron en el espacio histórico de sociedades en transformación desde una centralidad del poder basado en explicaciones mítico – religiosa hacia el abordaje racional de los problemas originados en ellas. Carlos Mascareño señala que:
Ya a partir del siglo XVIII los gobiernos comienzan a ser juzgados de acuerdo con la obtención de las metas públicas y no tanto con base en pretensiones divinas, lo que determinó cambios fundamentales en la maquinaria administrativa que se coloca al servicio de los ciudadanos. (2010, p. 3)
Venezuela, desde el hito histórico de 1998 cuando el candidato Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales y apuntalado el proyecto de transformaciones de la Revolución Bolivariana en el proceso constituyente de 1999, las políticas públicas fundamentales (Salud, educación, seguridad alimentaria, entre otras), pasan a ocupar un papel central de la agenda política del país. Este giro coloca al Estado nacional y al conjunto de sus instituciones a revertir las tendencias regresivas en política social derivadas de la imposición del dogma neoliberal en el país durante las décadas precedentes.
Desde el punto de vista doctrinario, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999, 2008), define los rasgos teleológicos que caracterizan y orientan la actuación del Estado y sus instituciones. El artículo 2 establece que:
Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Este es un asunto central para comprender el sentido de las políticas públicas en
Venezuela y la social de manera particular, entre las que se comprenden las
políticas dirigidas a la juventud. De hecho, este sesgo garantista está presente
desde la constitución de 1947.
La exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999, 2009), en los Principios Fundamentales, define al Estado democrático y social de Derecho y de Justicia como:
...la organización jurídico política que adopta la Nación venezolana como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. De acuerdo con esto, el Estado propugna el bienestar de los venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar su felicidad.
Los fundamentos anteriores explican básicamente dos aspectos. El primero es que, desde hace más de dos décadas, producto del proceso constituyente de 1999, el Estado venezolano cumple un papel protagónico en el despliegue de las políticas públicas, con una centralidad manifiesta en la política social. Con ello se puso un freno a las políticas neoliberales impulsadas a través de la denominada “Agenda Venezuela” (1994), apegada a la tesis de reducir la presencia del Estado en la sociedad, mediante la aplicación de un ajuste macroeconómico y revertir conquistas sociales traducidas en derechos fundamentales.
La redimensión y protagonismo del Estado en el despliegue de las políticas
públicas impulsado por la Constitución de 1999, como segundo aspecto a
considerar, se tradujo en el compromiso presupuestario para financiar el marco
operativo de las políticas sociales; lo cual significó el aumento sostenido y
progresivo de la inversión social en correspondencia con la agenda de
transformar la vida de los venezolanos, de saldar la “deuda social”. El
resultado de esta conjunción de elementos propició el avance de las políticas de
desarrollo social que permitió significativos progresos en salud, educación, en
las condiciones nutricionales de la población venezolana, entre otros
indicadores favorables (
Pasqualina Curcio sintetiza los alcances del modelo político – social desarrollado en Venezuela desde 1999, destacando las virtudes de su aplicación y resultados, cuando afirma que:
Un modelo que ha sido referencia de la región y que hasta hace pocos años recibió el reconocimiento de distintas agencias de la ONU por su éxito comprobado en las mejoras de la población en materia social, la reducción a cero del analfabetismo, el aumento del consumo de proteínas y del acceso a la educación y a la salud gratuita. Dichos avances describen a su vez el corazón del modelo político venezolano: la democracia participativa y protagónica, enmarcada en la Constitución nacional, que de manera inédita cambio la cultura democrática del país, basada en las mayorías que estuvieron siempre silenciadas y excluidas. (2019)
Todo esto esfuerzo en políticas sociales contó con una inversión promedio anual de 19,7 % del Producto Interior Bruto (PIB), en aproximadamente una década (2004 – 2013). Algunas cifras del desarrollo social alcanzado por Venezuela antes de la aplicación de las MCU, pueden apreciarse en el cuadro que sigue a continuación.
| Indicadores | Al inicio de la Revolución Bolivariana | Previo a la aplicación de las MCU |
|---|---|---|
38,52% pobreza. 16,32% pobreza extrema. |
24,57% pobreza. 6,97% pobreza extrema. |
|
Educación preescolar: 43,40% Educación primaria: 90,70% Educación media: 53,60% |
Educación preescolar: 70,70% Educación primaria: 93,00% Educación media: 74,00% |
|
Fuentes:
El desarrollo social mostrado por Venezuela hasta 2013, apuntalado por una inversión del 19,2 % del PIB, representaba un ejemplo contrario a la agenda neoliberal y sus políticas regresivas impulsada en la región por EE.UU. y los organismos multilaterales bajo su control (FMI, BM, BID) que abogaban por la reducción de la inversión social y la pérdida de derechos. Por tanto, la focalización de las MCU se dirigió a afectar los aspectos estructurales del modelo político – social venezolano, seleccionando como objetivo a las fuentes de financiamiento del modelo, al sancionar, bloquear, embargar y confiscar los recursos generados por la principal industria del país: Petróleos de Venezuela, S.A.
En consecuencia, este panorama favorable al desarrollo e inclusión social cambió
radicalmente por el impacto de las MCU, revelando una profunda depresión
económica, con repercusiones en todos los indicadores económicos y sociales del
país. Uno de ellos es el de la inflación inducida, a partir del bloqueo de
fondos de la nación y la manipulación monetaria (
| Indicadores | Año 2021 – 2022 |
|---|---|
| 81.5 | |
| 53.3 | |
| .603 | |
| 63 | |
20 (Aproximadamente) |
Fuentes: ENCOVI – UCAB, 2022; OIT, 2022; BM (2021) Elaboración propia
Los indicadores mostrados también son expresión de una coyuntura caracterizada por el incremento de la confrontación política y, fundamentalmente, por la imposición de las MCU contra Venezuela, que intentan favorecer una parcialidad política. Esto se tradujo en que, ante el cruce de cifras respecto a estos impactos, aflora la dificultad de mostrar datos más precisos que permitan realizar una fotografía más ajustada sobre la realidad social, económica y política venezolana.
En concordancia con lo descrito, resulta fundamental el testimonio que recoge el
Informe de “
...el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantenerlas infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. (p. 6)
Pese a esta dificultad, lo leído hasta aquí permite representar una aproximación a los impactos económicos, políticos y sociales ocasionados por las medidas de coerción promovidas e implementada por las distintas administraciones de los EE.UU. y el grupo de gobiernos que se han plegado a esta política de agresión en contra de Venezuela y al sobre cumplimento de éstas.
Para aproximar el análisis a los impactos de las MCU en la política de juventud venezolana, primero es oportuno establecer algunas orientaciones generales que sirven de marco a las políticas dirigidas a este grupo etario tan importante para las sociedades contemporáneas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999, 2009) sostiene que son la educación y el trabajo los procesos fundamentales para alcanzar las finalidades del Estado; es decir, según el propio texto constitucional, estas finalidades se resumen como sigue a continuación:
...la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. (Art. 3)
Por su parte, el actual Plan de Desarrollo Económico y Social de la nación (Plan
de la Patria 2019 – 2025,
Destaca el documento, en la dirección de crear “
La Ley para el Poder Popular de la Juventud (LPPJ, 2009) constituye otro de los
instrumentos político – jurídico dirigido a “..
Todos los jóvenes y todas las jóvenes son actores estratégicos del desarrollo de la Nación. En consecuencia, la protección de los derechos de la juventud por parte del Estado, incluirá el otorgamiento de garantías para vivir en condiciones que aseguren su pleno desarrollo personal, físico, psíquico, moral, ético y social, sin más limitaciones que las derivadas del derecho de las demás personas y el ordenamiento jurídico vigente. (p. 30)
La Ley establece un conjunto de derechos dirigidos a proteger a la juventud
venezolana; entre los que destacan los relativos a la educación, la formación
para el trabajo y el acceso al empleo. En cuanto a los derechos educativos, la
LPPJ, alineada a la CRBV y a la Ley Orgânica de Educación (LOE, 2009), sostiene
en el artículo 31 que: “
Cabe recordar que la CRBV, en el artículo 102 expresa:
La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal.
En este mismo tenor, el texto constitucional sostiene en el artículo 103, la obligatoriedad de la educación hasta el nivel de educación media diversificada y su carácter gratuito de la impartida en los centros del Estado hasta el nivel de pregrado universitario. Lo anterior describe la orientación de la política social en materia educativa, la cual está sustentada en la doctrina del Estado Docente que, de acuerdo con el artículo 5 de la LOE (2009), al expresar que:
El Estado docente es la expresión rectora del Estado en Educación, en cumplimiento de su función indeclinable y de máximo interés como derecho humano universal y deber social fundamental, inalienable, irrenunciable y como servicio público que se materializa en las políticas educativas.
Este marco, aunque obedece a la política educativa del Estado venezolano, permite delinear los otros aspectos considerados en la aportación, como son la formación o capacitación para el trabajo y las consideraciones sobre el empleo de los jóvenes, según el orden normativo del país. Además, de inferir en el perfil inclusivo de esta política. Respecto a la capacitación para el trabajo, el artículo 34 de la LPPJ establece que:
El Estado, a través de los ministerios del Poder Popular con competencia en la materia, promoverá la educación para el trabajo de los y las jóvenes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, fomentando el desarrollo de sus capacidades y habilidades técnicas y promoviendo su acceso al trabajo productivo...
Esta garantía se articula con el derecho de acceso a todos los niveles educativos, incluso al nivel de educación de educación universitaria que, como se afirmó previamente, está protegido su acceso tanto por la gratuidad y la calidad de esos estudios.
Por otra parte, la CRBV (2009) contempla el derecho y el deber de los jóvenes de participar en el desarrollo del país. En este sentido, se asigna al Estado, a la familia y la sociedad la responsabilidad de crear las condiciones para que éstos se incorporen como sujetos productivos, activos en el desarrollo de la nación. Este marco delinea el fundamento normativo de la participación de los jóvenes venezolanos en el mundo del trabajo y de la producción, así como la jurisprudencia en derecho laboral vinculada a este grupo etario.
La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT, 2012) aporta varias definiciones y elementos que describen la doctrina del Estado en materia laboral y que permite comprender la aspiración social respecto al sentido del trabajo en la sociedad venezolana. El artículo 25 de la Ley define al trabajo como proceso social y establece como objetivo de éste:
...superar las formas de explotación capitalista, la producción de bienes y servicios que aseguren nuestra independencia económica, satisfagan las necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y creen las condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz, basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de los trabajadores y las trabajadoras en los procesos de transformación social, consustanciados con el ideario bolivariano. (p. 13)
El espíritu de la ley enfatiza en su doctrina la aspiración de que el proceso social del trabajo contribuya a garantizar el desarrollo humano integral y una existencia digna; que contribuya a mantener y defender la independencia, la soberanía nacional y que garantice la integridad del territorio venezolano. De esto se traduce que no se trata solamente de trabajar para mantener o reproducir unas condiciones de vida dignas, sino que rescata el sentido ético de la vida en libertad, en una sociedad soberana y democrática, lo cual constituye concebir al trabajo como un principio pedagógico fundante del entramado de una nación democrática.
La LPPJ incorpora este derecho constitucional dirigido hacia la capacitación,
pero también al ejercicio del empleo tal como lo expresa la “
Los efectos adversos de estas medidas en el tejido económico – productivo y sus derivaciones en la actividad laboral, cultural – educativa, entre otras, tuvo profundas repercusiones en la cotidianidad de la sociedad venezolana. Una de las consecuencias de la imposición de las MCU a Venezuela ha sido el de provocar un importante flujo migratorio, sobre todo, de la población joven, muchos de ellos profesionales o en proceso de formación. No cabe dudas que la juventud venezolana fue uno de los segmentos más afectado por la imposición de las MCU.
La migración venezolana ha sido un tema polémico. Éste ha ocupado durante varios años un importante espacio de debate en la opinión pública de la región. Con ello la imposición de cifras poco contrastadas, porque detrás de cada una de ellas existe un relato político que penaliza y culpabiliza a la gestión de gobierno como responsable de la catástrofe y, voluntariamente, evita mencionar un asunto de fondo: el impacto de MCU en la economía y sociedad venezolanas, como disparador de ese fenómeno demográfico. De hecho, la generalidad de los trabajos y/o aportes académicos que abordan la realidad venezolana en esta coyuntura histórica, eluden establecer la relación condicionante de la imposición de las MCU como factor clave en la profundización de la crisis venezolana y, en consecuencia, como factor motivador de la migración.
Este sesgo emerge como un obstáculo al momento de estudiar la realidad venezolana
contemporánea, de propiciar un acercamiento medianamente comprehensivo sobre las
diversas y complejas aristas que la condicionan y determinan. Más aun cuando
durante décadas se erigió un potente bloque mediático, todos agrupados en torno
a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que, en conjunción con agencias o
grupos de presión
De allí que resulta difícil establecer objetivamente la cantidad de personas que migraron desde Venezuela durante este período históricamente conflictivo, más allá de algunas estimaciones relativamente razonables. Esto se debe, fundamentalmente, porque el tratamiento políticamente tendencioso de un tema tan delicado, obstaculizó un abordaje racional, objetivo y sistémico del mismo.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2022) estima que, hasta
junio de 2021, más de 5 millones de personas abandonaron el país. De este grupo,
aproximadamente el 60 % tenían edades comprendidas entre los 18 y los 35 años
(
Pero más allá del debate sobre la situación de la migración venezolana y de las cifras de este fenómeno, no cabe duda que el escenario configurado en Venezuela desde 2013 hasta el presente, sometida a un modelo de guerra multiforme, en el contexto de una economía disminuida por efectos de las MCU y, en consecuencia, con impactos regresivos en toda la sociedad, representa un importante reto para el despliegue del andamiaje de políticas dirigidas a la juventud.
Este sistema de máxima presión contra las instituciones y la sociedad venezolanas, a lo que se suma los impactos de la pandemia por la Covid – 19, tuvo repercusiones regresivas de importancia en la educación. Una expresión de esos efectos fue la desinversión en el sector educativo que se tradujo en la pérdida generalizada de condiciones para el funcionamiento del sistema. El empobrecimiento generalizado de la población condujo a un segmento importante de la población juvenil a abandonar los estudios para trabajar o enrolarse en la migración. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2015), informa que para 2014 la matrícula universitaria estaba próxima a los 3 millones de inscritos, y que las universidades públicas cubrían el 80 % del espectro de matriculados en ese nivel educativo (INE, 2015). Un mérito de la política educativa venezolana reconocida entonces por la UNESCO.
Sin embargo, habría que resaltar que durante el período de imposición de las MCU a Venezuela (desde 2014 hasta la fecha) y pese a las dificultades materiales y humanas, ningún centro de estudios universitario dejó de cumplir su misión, estuvieron abiertos cumpliendo con sus funciones académicas, de investigación y de extensión. Fue sólo a partir de las medidas de protección social en contra de la propagación del virus Covid – 19.
Finalmente, vale considerar someramente la situación del acceso al empleo por parte de los jóvenes venezolanos en un contexto como el descrito. De acuerdo con cifras del Banco Mundial (BM, 2022 en base a información de la OIT), la tasa de desempleo juvenil en Venezuela para el año 2021 era en torno al 14, 94 % (de acuerdo con la OIT este grupo estaría en edades comprendidas entre los 15 y 24 años); si se amplía el rango hasta los 30 años como lo establece la LPPJ, este dato podría rondar o superar el 20 % de jóvenes en condición de desempleo en el país. Estas cifras, siendo altas, se aproximan a las estimaciones de la OIT en sus proyecciones de desempleo juvenil para América Latina en 2022 (20 %). Este escenario permite prefigurar las complejidades de una coyuntura en la que, dadas las circunstancias materiales del país, habrá que trabajar en la recomposición de las políticas públicas para abrir un panorama de perspectivas de futuro razonables para un sector social estratégico como es el de la juventud.
En correspondencia con el desarrollo de este ensayo, cabe concluir con algunas reflexiones que describen las perspectivas de futuro del país que redundarán en el desarrollo y despliegue de las políticas públicas de juventud. Un primer asunto es que desde el año 2021 se vienen observando algunos rasgos de recuperación económica (Cepal, 2022) y de lenta recomposición social, el retorno al país de personas migrantes, en medio de las adversidades generadas por las MCU, todavía vigentes hasta la fecha. Este proceso, en principio, deriva de decisiones en política legislativa que permiten, relativamente, sortear los impactos del bloqueo. Una de estas decisiones es la aprobación de la precitada Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos (octubre, 2020) y que tiene por objeto:
...establecer un marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por otro Estado o grupo de Estados, o por actos u omisiones derivadas de estos, por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos, que afectan los derechos humanos del pueblo venezolano, implican atentados contra el Derecho Internacional y, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad y la afectación del derecho al desarrollo libre y soberano del pueblo venezolano consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (p. 1)
Este instrumento legal, conjuntamente con otras decisiones de orden económico y social permiten hoy avanzar, como segundo aspecto, en programas dirigidos a promover el empleo (o autoempleo) juvenil como, por ejemplo, mediante iniciativas de formación de emprendedores. Tanto desde el sector público como desde la empresa privada se han diseñado dispositivos de esta naturaleza. Algunas experiencias de este tipo son las desarrolladas por el Instituto de Capacitación Socialista (INCES), el Banco de Venezuela, el Banco Banesco y la Federación de Cámaras de Empresarios de Venezuela, cuyos propósitos coincides en promover la inserción productiva de los jóvenes.
El tercer aspecto a destacar lo constituye la vuelta a la presencialidad en el sector educativo, luego de levantadas las restricciones por los efectos de la Covid – 19 y pese a la persistencia de la imposición de las MCU que afectan la sostenibilidad de la educación universitaria. Progresivamente las universidades van recuperando su vigor y ritmos de trabajo, lo cual viene acompañado por un programa dirigido a fortalecer y recuperar los procesos sustantivos de docencia e investigación, así como la infraestructura de los centros de estudios, y con ello la matrícula estudiantil.