Se presentan los contenidos de la curricula para impartir la asignatura “Derecho Indígena” en la Facultad de Derecho de la UNAM con un enfoque antirracista a través de analizar diversas posturas multidisciplinarias que han estudiado a los pueblos indígenas y su relación con el sistema jurídico mexicano. Las normas se abordan desde la perspectiva de los derechos humanos con la finalidad de ampliar el panorama de las y los estudiantes de derecho a través de su participación. Se utiliza la guía de la igualdad sustantiva como una herramienta del derecho y los conceptos derivados de la discriminacion, contenidos en las normas jurídicas, para contar con elementos para proponer acciones antirracistas. La materia está organizada a través de módulos a partir del contexto estadístico y normativo histórico sobre el reconocimiento de la diversidad cultural de la nación mexicana; contenidos teóricos, metodológicos, normativos y de análisis de casos a través de los derechos de los pueblos indígenas y negros afromexicanos. La experiencia docente ha sido implementada desde 2022. Al inicio cada estudiante de 6o semestre ingresa con información inexacta sobre el tema e incluso con prejuicios normalizados y elige un tema para realizar su investigación a partir del análisis de un caso concreto durante del semestre, su resultado es más informado y acorde a los aspectos que le interesan, presentado en un ensayo para aprobar la materia. Se trata de contribuir a la formación de nuevas generaciones con un perfil multidisciplinar para transformar su entorno sin esencializar las identidades culturales diversas.
Os conteúdos do currículo para o ensino da disciplina “Direito Indígena” na Faculdade de Direito da UNAM são apresentados com enfoque antirracista, analisando várias posições multidisciplinares que tratam sobre os povos indígenas e sua relação com o sistema jurídico mexicano. As normas são abordadas a partir da perspectiva dos direitos humanos com o objetivo de ampliar a perspectiva dos alunos de direito por meio de sua participação. O guia de igualdade substantiva é usado como ferramenta de direito juntamente com os conceitos derivados da discriminação, contidos nas normas jurídicas, para contar com elementos e propor ações antirracistas. A disciplina é organizada em módulos com base no contexto histórico estatístico e normativo do reconhecimento da diversidade cultural da nação mexicana; conteúdo teórico, metodológico, normativo e análise de casos, por meio dos direitos dos povos indígenas e negros afro-mexicanos. A experiência de ensino vem sendo implementada desde 2022. No início, os alunos do 6º semestre possuem informações imprecisas sobre o assunto e até mesmo com preconceitos padronizados. Eles escolhem um tópico para pesquisa com base na análise de um caso concreto; durante o semestre, seu resultado é aprimorado e alinhado com os aspectos que lhe interessam, apresentado em um ensaio para aprovação na disciplina. O objetivo é contribuir para formação de novas gerações com perfil multidisciplinar para transformar seu ambiente evidenciando as identidades culturais diversas sem essencializá-las.
The “Indigenous Law” curriculum at the Faculty of Law of UNAM is designed with an anti-racist approach. It involves a multidisciplinary analysis of indigenous peoples and their interactions with the Mexican legal system. This subject approaches legal norms from a human rights perspective, aiming to expand law students’ understanding of their environment through active participation. It incorporates the guide to substantive equality as a legal tool, alongside concepts of discrimination embedded in legal norms, to equip students with the tools to propose anti-racist actions. The curriculum is structured into modules that cover the historical, statistical, and normative context of recognizing the cultural diversity of the Mexican nation. It includes theoretical, methodological, and normative content, as well as case analyses focusing on the rights of indigenous and Afro-Mexican Black communities. This teaching approach has been in place since 2022. Initially, each student in the 6th semester begins with limited or inaccurate knowledge of the topic, often coupled with ingrained prejudices. Students select a research topic based on the analysis of a specific case over the semester. Their findings, which reflect their interests, are presented in an essay required to pass the course. The goal is to nurture a new generation of students with a multidisciplinary profile, capable of transforming their environment without essentializing diverse cultural identities.
La educación jurídica en México es predominantemente formalista, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, las y los abogados se preparan para el litigio (público y privado), el servicio público gubernamental y en menor medida para trabajar en el sector empresarial. Su formación les permite una alta competitividad laboral por la diversidad de contenidos teóricos y legales a los que tienen acceso.
La asignatura “Derecho indígena” es obligatoria a partir de 2022, dentro del plan de
estudios de la licenciatura en derecho. En este artículo se presenta la descripción
de los contenidos con un enfoque antirracista y multidisciplinario, se basa en la
teoría de los derechos fundamentales; el pluralismo jurídico y la teoría
interseccional; las dos últimas perspectivas teóricas son poco exploradas dentro de
su formación general, por lo que se abordan para que cuenten con elementos para
realizar análisis normativo sobre los derechos de los pueblos indígenas y
afrodescendientes y sobre los mecanismos y procesos jurídicos que se producen desde
los pueblos y comunidades indígenas y negras afromexicanas. Además de los contenidos
formales de la curricula, se les proporcionan herramientas epistemológicas para
realizar una investigación y abordar casos específicos que involucren a esos
pueblos, lo que puede contribuir a deconstruir prejuicios, estereotipos y estigmas
para prevenir acciones de racismo y discriminación en su formación jurídica y
posteriormente, en su práctica profesional. El análisis de los tratados
internacionales de derechos humanos y de las normas jurídicas nacionales y locales
les permitirá ubicar en casos concretos las herramientas antirracistas específicas
como “prácticas y discursos que enfrentan, erosionan, rechazan, transforman y/o
erradican las causas y consecuencias del racismo”. (
La denominación de la asignatura “Derecho indígena”, proviene de la terminología que se utiliza en el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, para nombrar a los pueblos indígenas; más tarde fueron incluidos también en ese artículo los pueblos afromexicanos. En este texto se utiliza la referencia “pueblos negros”, en virtud de que la población de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca se autodefine como negra (Rodriguez et al., 2014); esas denominaciones incluyen a las comunidades y personas integrantes de dichos pueblos.
Antes de describir los contenidos curriculares de la materia de
México vive inmerso en la ilusión del mestizaje, esa ilusión impide que existan políticas públicas diferenciadas para hacer frente a las diversas situaciones que se derivan de una sociedad que se reconoce pluricultural en la CPEUM; específicamente en el ámbito educativo, los planes y programas de estudios continúan estandarizados y planeados para una población homogénea inexistente, en virtud de que, en realidad, la diversidad cultural incluye a más de 68 pueblos indígenas y negros afromexicanos que viven en el territorio nacional.
Conforme a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, INEGI, la cantidad de
población mexicana es de más 126 millones de personas; el 19.4% de la población
se considera indígena; y el 2% se reconoce afromexicana o afrodescendiente
(
| Encuesta Intercensal 2015 | Censo 2020 | |
|---|---|---|
| 25 694 928 (21.5%) | ||
| Hombres | 12 512 666 (48.7 %) | -- |
| Mujeres | 13 182 262 (51.3%) | -- |
| Hombres | 3 596 112 (48.7%) | 3 581 198 (48.6%) |
| Mujeres | 3 786 673 (51.3%) | 3 783 447 (51.3%) |
Fuente - (
| Fuente | Población afro | Porcentaje | Población | |
|---|---|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | |||
| Encuesta 2015 | 1,381,853 | 1.2 | 676, 924 | 704,929 |
| Censo 2020 | 2,576,213 | 2 | 1,278,596 | 1,297,617 |
Fuente - (
Podemos encontrar personas indígenas y afrodescendientes en todo el territorio
nacional, principalmente debido a la migración. Existen comunidades indígenas
con asentamientos originarios desde antes del proceso de colonización a lo largo
de todo el país; entre las personas afrodescendientes, algunas son de origen
mexicano y otras forman parte de la diáspora africana, están concentradas en los
estados de Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México
(46.5%). Las comunidades negras afromexicanas tienen sus principales
asentamientos en la región de la Costa Chica en Guerrero (8.6%) y Oaxaca (4.7%).
Dicha población además reporta que el 7.4% también habla alguna lengua indígena
(
La pretension de unidad nacional mexicana se institucionalizo con la emisión de
la
Son tres los momentos relevantes para abordar el tema:
a) En México, el tema de los derechos indígenas estaba contemplado solamente en los tratados internacionales de derechos humanos, por la adhesión al Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre poblaciones indígenas y tribales en países independientes; ese instrumento normativo fue revisado en 1989 para la adoptar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, vigente en la actualidad; con base en ese convenio, se realizó la primera reforma constitucional al artículo 4o. Constitucional Federal, que reconoce la composición pluricultural de la nación, sustentada en sus pueblos indígenas; situación que también respondió a algunos reclamos de las organizaciones indígenas que impulsaron ese cambio desde sus posiciones políticas; en la coyuntura de los 500 años del llamado Encuentro entre dos mundos en 1992, por la conmemoración de la llegada de los conquistadores europeos al territorio actual del país. Con dichas reformas, la nación mexicana se ubicó entre los países latinoamericanos que reconocieron la diversidad de culturas en sus territorios como sociedades multiculturales.
b) La siguiente modificación de envergadura, fue resultado de un proceso
de mayor duración, derivado del alzamiento armado en
c) La tercera fue una adición constitucional, relativamente reciente,
(2019), para incluir a los los pueblos afromexicanos, por primera vez en
el Apartado C del artículo 2o Constitucional (2019), lo que dio
visibilidad a su presencia en el territorio mexicano, aunque no les
reconocieron derechos específicos; en esta ocasión la presión
internacional se generó en el marco del “Decenio Internacional para los
Afrodescendientes, 2015-2024”, proclamado por la Organización de las
Naciones Unidas; en este acto, tuvo una relevancia primordial el
activismo militante de diversas organizaciones sociales de la Costa
Chica de Oaxaca y Guerrero, como: Asociación de Mujeres de la Costa de
Oaxaca AMCO, A.C.; Colectivo para Eliminar el Racismo, COPERA; Enlace de
Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas A.C. EPOCA, A.C.; Fundación
Afromexicana Petra Morga, A.C.; La Ventana A.C.; Mano Amiga de la Costa
Chica A.C.; México Negro, A.C.; Organización para el Fomento de la
Equidad de Género y el Respeto de los Derechos Humanos de los Pueblos
Negros Afromexicanos; Presente y Cambio, Ciudadanía Activa MX; Proyecto
Afrodescendencia México. (
El párrafo agregado al artículo 2o Constitucional es bastante escueto y no ha sido desarrollado en la legislación secundaria específica:
Art. 2, C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades
afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la
composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los
derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los
términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. (
México mantiene una práctica diplomática reiterada de firmar de convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, dichos compromisos internacionales generan obligaciones para las instituciones del Estado dirigidas a promover la igualdad y prevenir la discriminación. Antes de 2011, los instrumentos internacionales de derechos humanos se invocaban cuando existía concordancia con el contenido de la Carta Magna, por la supremacía constitucional que ubicaba a esos tratados en un nivel por debajo de ella, conforme al artículo 133 Constitucional. Además, para aplicarlos a situaciones concretas era necesario desarrollar el contenido de los documentos internacionales en la CPEUM y en la legislación reglamentaria, lo que se denomina armonización legislativa.
Esa forma de interpretación cambió con las modificaciones a la ley de Amparo y a
la CPEUM del 10 de junio de 2011, cuando inició el proceso de transformación del
Sistema Jurídico Mexicano con la emisión de la reforma Constitucional de
Derechos Humanos; ésta funge como un nuevo paradigma que modifica la forma de
interpretar el alcance de los derechos humanos y por supuesto de los derechos
indígenas, al elevar el estatus de los tratados internacionales de derechos
humanos a la par de la CPEUM, ahora tienen la misma jerarquía; además, ese
paradigma, incluye nuevas herramientas de interpretación jurídica que abrieron
el acceso de los pueblos indígenas a los tribunales del Poder Judicial para
defender sus derechos colectivos, porque actualmente pueden interponer acciones
jurídicas a través de la figura del interés legítimo
La transformación constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y a realizar acciones para prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Con dicha transformación normativa, también se incrementó la eficacia del conjunto de derechos humanos de fuente internacional que ahora pueden aplicarse a casos concretos.
Eso generó que desde el Poder Judicial de la Federación se emitieran diversas herramientas de interpretación encaminadas a lograr la igualdad sustantiva, o de hecho, lo cual:
radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y
efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que
en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos
sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que
impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales sujetos a
vulnerabilidad gozar y ejercer tales derechos. (
Debido a ello, se han abierto nuevas vías jurídicas para eliminar algunas barreras procedimentales en el acceso a la justicia, sobre todo de las personas ubicadas en los grupos en situación de vulnerabilidad, o en las llamadas “categorias sospechosas”, entre las que se ubican los pueblos indígenas o afrodescendientes.
Además, en esta coyuntura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, determinó como obligatoria a toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todos los órganos jurisdiccionales federales y locales, debido a que se derivan de las interpretaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, plenamente obligatoria para México.
Las modificaciones constitucionales de derechos humanos significaron un cambio
substancial para la aplicación de derechos diferenciados a los pueblos indígenas
y afromexicanos, contemplados dentro de la diversidad cultural de la nación
mexicana, porque la anterior estructura del sistema jurídico, era más formalista
en diversos aspectos, por ejemplo, para la representación en juicios ante
tribunales, los sujetos colectivos, en este caso, los pueblos o comunidades
indígenas o negras afromexicanas, debían contar con una persona acreditada como
su representante legal, si esa persona no cumplía con los requisitos para
demostrar su personalidad jurídica, sus demandas eran desechadas; dicho trámite
constituía una barrera procedimiental que obstaculizaba las acciones jurídicas
de defensa de derechos colectivos, entre ellos, el derecho a sus tierras y
territorios. Ahora el interés legítimo es suficiente para que en los tribunales
se analice el agravio a la comunidad, aunque solamente una persona presente la
demanda de amparo. La falta de personalidad jurídica de los pueblos y
comunidades indígenas como sujetos colectivos no está claramente señalada en los
expedientes judiciales, sin embargo son escasas las resoluciones del Poder
Judicial de la Federación que se pueden encontrar en sus archivos porque eran
descartadas de plano. Conforme al proyecto de “Sistematización de información
sobre casos en los que estén involucrados Pueblos, Comunidades y personas
Indígenas, a partir de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación”, (
El reconocimiento de la diversidad cultural del país ha permeado también en más de 40 leyes federales, que incluyen referencias a los pueblos, comunidades o personas indígenas y afromexicanas en sus artículos. Además, las 32 entidades federativas contemplan algunos derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en su constitución local o en leyes reglamentarias.
Este bagaje normativo no ha permeado en la estructura institucional del Estado mexicano; hasta el momento solo existen dos instituciones gubernamentales federales responsables de la elaboración de políticas públicas focalizadas para esas poblaciones, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, las cuales no son suficientes para hacer frente a los requerimientos derivados de la diversidad, esas instituciones son responsables de elaborar políticas públicas diferenciadas por lo que su radio de acción es limitado en parte por el escaso presupuesto autorizado para transformar las condiciones de vida de personas indígenas y afrodescendientes, un ejemplo de ello puede observarse en la atención de personas que solo hablan lenguas indígenas, porque en las oficinas de gobierno no hay intérpretes o traductores, lo que les dificulta realizar los trámites de servicios públicos o su acceso a salud. Por ello, al tratar a la población de una manera homogénea, sin aplicar medidas específicas, adecuaciones o ajustes razonables, mantiene excluidas de servicios elementales a las personas que sobreviven en situaciones de vulnerabilidad y con sus actos provocan una discriminación indirecta definida como:
... la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una
disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible
de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un
grupo específico, o los pone en desventaja. (
Es posible que otro aspecto que obstaculice la reflexión sobre las reglas de
convivencia social en una sociedad culturalmente diversa, es la forclusión de la
palabra
Para hacer referencia a la diversidad, en México se adopta el término ‘etnia’,
cuyo significado continúa ligado a la diferenciación evocada inicialmente en la
palabra ‘raza’, pero su sentido es matizado para abordar los rasgos culturales,
derivados de costumbres y tradiciones con lo que se pretende evitar las
referencias biológicas al fenotipo o genotipo de las personas, esta acción puede
tener su origen en la sugerencia de la “Primera Declaración sobre la Raza” de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
UNESCO, que señala: “Los graves errores ocasionados por el empleo de la palabra
‘raza’ en el lenguaje corriente hacen desear que se renuncie por completo a
emplear este término cuando haya que aplicarlo a la especie humana y que se
adopte la expresión ‘grupos étnicos’”. (1969) No obstante lo anterior, aunque no
se hable de la
Emiko Saldivar argumenta que el concepto de etnicidad no solo está vinculado con
el proyecto racial de mestizaje e indigenismo promovido por el Estado
posrevolucionario e intelectuales de la época, sigue siendo central en los
proyectos actuales sobre multiculturalidad, interculturalidad y relaciones
raciales del país. (2012, p. 50). El mestizaje, mantiene la estratificación
social que genera relaciones de desigualdad, porque las personas mestizas
(supuesta mezcla de personas indígenas y europeas) se ubican en un estrato de
superioridad en relación con quienes son originarios de pueblos indígenas y
negros afromexicanos, lo que se conoce como la “aspiración de blanquedad” (
Si desde el Estado existe un mandato de igualdad formal, sin considerar la desigualdad estructural, enfocado a prolongar la idea de la existencia de una población homogénea, es difícil que se implementen acciones afirmativas para combatir la discriminación. Esta pretensión de igualdad se perpetúa, en muchas ocasiones desde las normas jurídicas; esto impide el diseño de medidas que reviertan la dinámica de exclusión de personas indígenas o afromexicanas.
Las acciones afirmativas son medidas de igualación o discriminación positiva,
cuyo objetivo es generar mecanismos de inclusión para personas o grupos en
situación de vulnerabilidad en espacios a los que generalmente no pueden acceder
por el contexto histórico, socioeconómico, político o cultural en el que han
sido colocados por las estructuras de poder (
Estas medidas son decisiones de gobierno dirigidas a atender los problemas de determinados sectores de la sociedad, se dirigen a mejorar las condiciones de vida de miembros de los grupos en situación de vulnerabilidad, para revertir la posición de desigualdad en que esas personas se encuentran, o para evitar un trato discriminatorio, en el entendido de que tienen menos posibilidades para acceder a las oportunidades que les permitan incrementar sus niveles de calidad de vida.
El trato diferenciado tiene el objetivo de incidir en la construcción de sociedades más incluyentes para que cuenten con la representación proporcional de todos los grupos que la integran, no solamente como una cuestión de justicia social, sino también para enriquecer su patrimonio sociocultural con las aportaciones de todos los grupos que la conforman.
Las acciones afirmativas son mecanismos de transformación inclusivo, específico, gradual y temporal para lograr cambios paulatinos con pleno respeto de la diversidad cultural.
Otro aspecto que contribuye a mantener la ilusión de homogeneidad poblacional es
la ausencia de estadísticas claramente diferenciadas para identificar las
circunstancias específicas de vida de las personas de pueblos indígenas y negros
afromexicanos, lo que impide afrontar situaciones desiguales como lo señalan los
ejes estructurantes de la matriz de desigualdad de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, CEPAL que incluyen a las categorías de clase o
estrato socioeconómico, género, raza, etnia, edad, etc. en sus contextos
específicos, estos son útiles para identificar los mecanismos para combatir la
desigualdad, debido a “su impacto sobre la magnitud y la reproducción de las
desigualdades en distintos ámbitos del desarrollo y del ejercicio de los
derechos” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016, p. 19). Al
respecto, la falta de datos desagregados puede ocultar la situación específica
de la población afrodescendiente, porque las cifras generales presentan
promedios estadístico con resultados similares a los de la población nacional,
lo que esconde las brechas de desigualdad estructural en la que sobreviven las
comunidades negras afromexicanas. En el texto “La desigualdad territorializada”
de la
Este ejemplo, muestra la desigualdad y las diferencias para el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y negros afromexicanos, que puede ser analizado en trabajos específicos. Este es un panorama para abordar diversos aspectos de la diversidad cultural.
La formalización del estudio del derecho indígena como parte de la curricula de
la licenciatura en derecho en la UNAM, tuvo como antecedente a la materia
optativa “México Nación Multicultural”, como ejercicio multidisciplinario y
transversal para abordar la diversidad cultural en la educación superior; dió
inicio en 2004 en diferentes carreras y escuelas de Educación Media Superior de
la UNAM, dentro del Programa Universitario México, Nación Multicultural, PUMC;
los temas que desde entonces aborda esa asignatura académica, a través de
conferencias con diversos especialistas, son: Pueblos y comunidades indígenas;
Nuestra tercera raíz; Los mexicanos que nos dio el mundo; Buen vivir o
desarrollo; Medio ambiente y pueblos indígenas; Derechos indígenas; Mujeres
indígenas; Migración; Educación indígena; Salud y medicina entre los pueblos
indígenas; Literaturas indígenas; Relaciones interétnicas; Conflictos y
negociaciones contemporáneas (
Desde 2004, por la intervención del Etnólogo José del Val Blanco, entonces Director del PUMC, se impartió la materia optativa de “Derecho indígena” en la licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM; en ese entonces desarrollé un contenido curricular enfocado a legitimar la presencia del derecho indígena entre las diversas especialidades jurídicas para impartir las clases.
Esta práctica docente se fortaleció a partir de 2022, porque la Facultad de
Derecho aprobó como disciplina obligatoria al “Derecho indígena”, dentro del
plan de estudios 2117, con 7 créditos, para el alumnado que cursa el 6º.
Semestre, identificada con la clave 1624. (
El objetivo general se dirige a conocer, analizar y cuestionar la elaboración,
operación y sanción de las normas jurídicas, dentro de las que se incluyen las
emanadas de los pueblos indígenas, con una visión crítica a través de la guía de
la teoría de los derechos fundamentales, del pluralismo jurídico y de la
interseccionalidad
El enfoque se dirige a incentivar el interés por el conocimiento de la diversidad y la utilidad de contar con esta información para su desempeño profesional a través de la participación activa del alumnado desde las primeras sesiones de aula, para que comiencen a elaborar de un protocolo de investigación que les sirva de guía para desarrollar sus habilidades de pesquisa con el apoyo teórico-metodológico respectivo, cuya finalidad privilegia la presentación de un ensayo para la evaluación al término del semestre. Como actividad de seguimiento, los mejores trabajos se organizan por temas y se exponen en el Seminario Permanente Derecho y Diversidad organizado por el PUIC-UNAM.
Los contenidos de la asignatura derecho indígena, se ordenan a través de cuatro módulos que incluyen:
Contexto y teoría: El primer módulo sitúa al alumnado en su espacio
social, identifica las categorías identitarias que nos atraviesan para
fincar el lugar de enunciación (
Derechos y jurisprudencia internacional: El segundo módulo proporciona
herramientas normativas para identificar los estándares internacionales
de derechos humanos, a través del análisis jurídico de los diversos
tratados internacionales que ha suscrito nuestro país con énfasis en los
derechos las personas, comunidades o pueblos indígenas y afromexicanos,
conforme a los contenidos de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados (
Bloque de Constitucionalidad: El tercer módulo se centra en la
normatividad específica que se aplica en el sistema jurídico mexicano, a
partir de los contenidos constitucionales, para ello se analizan los
antecedentes del reconocimiento constitucional de la diversidad cultural
de la que forman parte los pueblos indígenas y afromexicanos; la
irrupción del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, sus
principales demandas, la Primera Declaración de la Selva Lacandona y la
legislación que se emitió para dar legalidad a la actuación
gubernamental, así como sus repercusiones (1994); los contenidos de los
Análisis de casos concretos. El cuarto módulo se desarrolla en forma interactiva con el alumnado que expone los resultados de sus investigaciones a través de la guía de doce temas que corresponden a los derechos colectivos de los pueblos indígenas/afromexicanos: Derecho al reconocimiento como Pueblo; a la autoadscripción; a la autonomía; a la libre determinación; a aplicar sus propios sistemas jurídicos; a la preservación de su identidad cultural; a la consulta y a otorgar su consentimiento previo, libre e informado; a la participación; a la tierra, territorio y recursos naturales; al acceso a los medios de comunicación; al desarrollo; y al acceso a la justicia. Además de la exposición teórica del contenido y alcances de cada derecho, se analizan casos concretos encontrados en las investigaciones de las y los alumnos, algunos de esos casos son derivados de resoluciones de la SCJN que involucran a personas, comunidades o pueblos indígenas/afromexicanos. Los ensayos se elaboran con base en un protocolo básico, con un marco teórico; conceptos utilizados; normatividad internacional y nacional específica; instancias competentes, nacionales e internacionales; análisis del caso concreto; conclusiones; y bibliografía.
La formación pedagógica de estudiantes de derecho con enfoque de derechos humanos, antirracista e interseccional puede transformar paulatinamente la práctica jurídica en México.
La descripción de los contenidos curriculares impartidos en el proceso de formación de estudiantes de licenciatura en la materia de “Derecho indígena” de la Facultad de Derecho de la UNAM, pretende generar una discusión sobre los elementos teóricos, metodológicos y normativos que se utilizan para aportar herramientas doctrinarias multidisciplinares al alumnado para que pueda abordar de manera crítica a la diversidad cultural de su entorno. Debido a lo reciente de la incorporación de la materia de derecho indígena en los planes de estudios de algunas universidades, como la Universidad de la Ciudad de México o la Universidad de Guadalajara será interesante realizar un estudio detallado de sus planes de estudio para comparar las semejanzas o diferencias entre ellos.
En la formación jurídica la igualdad es un principio que se refleja como una aspiración de justicia, dirigida a construir espacios de relación interpersonal respetuosa en los ámbitos sociales de convivencia pública o privada. Reconocer la diversidad cultural, étnica o racial y diferenciarla de la desigualdad socioeconómica, les permitirá construir mecanismos para transformar esas situaciones.
Abordar los contenidos conceptuales de la multiculturalidad, la pluriculturalidad, la interculturalidad, la discriminación, el racismo, la xenofobia, permitirá al alumnado reflexionar sobre su lugar en el mundo y su compromiso profesional para evitar perpetuar las diferenciaciones.
En México la declaración sobre la existencia de multiples culturas en un mismo territorio, también enfatizó que la nación mexicana es única e indivisible, lo que se refleja en un el sistema jurídico monocultural, esta dicotonomía conlleva una desventaja para implementar mecanismos diferenciados que garanticen el ejercicio de derechos específicos a los pueblos indígenas y afromexicanos en las instituciones del Estado; mecanismos que fomenten una relación equitativa, rescaten las fortalezas y reconozcan las aportaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos.
En México se utilizan categorías de identidad cultural o étnica como parte de la diversidad cultural, no se utiliza la categoría racial, en parte debido a las políticas de mestizaje, aunque existe una constante racialización para personas indígenas o afrodescendientes por motivos como su apariencia, color de piel, fenotipo, etc. Sin embargo, la discusión sobre las diferenciaciones a las personas de pueblos indígenas y afromexicanos se limitan a temas de clasismo, desigualdad o pobreza, se aborda poco la discusión de los efectos del racismo en la discriminación.
La discriminación limita, obstaculiza o anula el acceso a derechos y a oportunidades por diversos motivos, entre sus principales afectados están las y los integrantes de pueblos indígenas y negros afromexicanos.
Los argumentos en favor de la inclusión no se dirigen a la politización o esencialización de las identidades como un discurso vano, según afirman quienes prefieren forcluir el uso de la palabra raza para eliminar la práctica del racismo, se trata de mecanismos de defensa de derechos por la exclusión, marginación y despojo que viven cotidianamente las personas racializadas negativamente.
En conclusion, la formación de las nuevas generaciones de abogadas y abogados con un perfil social se impone para que sepan/puedan/quieran utilizar algunas herramientas jurídicas antirracistas para transformar su entorno y combatir la discriminación desde el derecho.
Se refiere a la existência de una afectación realizada por una autoridad que puede ser directa o indirecta, por su pertenencia a un colectivo identificado o identificable, al cual pertenece, según el art. 5 de la Ley de Amparo.
SCJN: Controversia Constitucional 32/2012, Comunidad de Cherán, Michoacán; Amparo en revisión 631/2012, Tribu Yaqui, Sonora; Amparo en revisión 499/2015, Comunidades Mayas de Campeche.
Los municipios son: En Guerrero: Cuajinicuilapa; Copala, Juchitán, Florencio
Villareal y Marquelia. En Oaxaca: San Juan Bautista lo de Soto; Santa María
Cortijo; Santiago Tepextla; Santo Domingo Armenta; Santiago Llano Grande;
Mártires de Tacubaya; San José Estancia Grande; Santa María Huazolotitlán; Villa
de Tututepec; Valerio Trujano y Santiago Pinotepa Nacional (
Se nutre de elementos epistemológicos de la antropologia, la sociologia, la etnologia y la filosofia, principalmente.
El objetivo general de la asignatura derecho indígena en el Plan de estudios de
la Facultad de Derecho de la UNAM es: El alumnado explicará las normas derivadas
de los sistemas jurídicos indígenas y las que el Estado mexicano apruebe en
relación con pueblos indígenas. (